Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, debido a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una composición societaria destinada a conseguir el control en en torno a veinte compañías usando inadecuadamente los elementos de Gedesco, de la cual JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores de europa de JZI; Antonio Aynat, principal creador y director ejecutivo de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también fundador y administrador en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el enfrentamiento empieza a gestarse en 2016, momento en el que los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se hizo un uso Información adicional indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar ocasiones de inversión a través de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de doce filiales.

Esta estructura pretendía ocultar la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de demandas judiciales en 2022, introduciendo una querella en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales en contra del fondo, en un lapso de menos de un par de meses.

Este ámbito legal continúa desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los fundadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras que se desvelan mucho más capas de un conflicto que resalta la dificultad de las operaciones financieras multinacionales y las disputas entre inversores y administradores en el campo del capital riesgo..